Con la consigna de que la nueva reforma al código de aguas pone el riesgo a la agricultura, siendo lo que realmente se necesita es una reforma que favorezca el consumo humano y todas las actividades económicas, se desarrolló una Asamblea Ampliada de las Juntas de Vigilancia de los ríos Illapel, Choapa y Chalinga para tratar los principales focos de discrepancia, los que se encuentran en la caducidad de los derechos cuando no se usen y los breves plazos para regularizar estos derechos con posterioridad a la promulgación de la ley que propone la reforma.

Al respecto, el Alcalde Denis Cortés Vargas, le hizo un llamado a las autoridades de Gobierno para que vengan a entregarle información a la gente, además de entregarles asesorías que expliquen esta reforma, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Hay que llamar a las autoridades para que tomen decisiones y que el Ministro venga a dar explicaciones y que venga, también, la Comisión del Senado, porque el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. En estos momentos, los que nos tienen que ayudar son los senadores. El problema se produce porque no le han entregado información a la gente, los profesionales no han venido a entregar información oportuna. Hay que ponerle asesoría a los regantes”, enfatizó la autoridad.

Los principales afectados, los pequeños agricultores de nuestra zona, ven con malos ojos esta nueva reforma al código de aguas, pues representa un enorme retroceso para el mundo rural, aumentando la incertidumbre, menoscabando los derechos y desincentivando la inversión y el desarrollo de las cuencas. “Quisimos organizar este encuentro con un solo objetivo; tener una mejor reforma, pues somos los pequeños regantes los más perjudicados. Ojalá podamos organizar algo más masivo para que estén todos los involucrados en el tema (senadores, diputados, comisión de recursos hídricos y comisión de agricultura). A esta actividad estaban todos invitados y me sorprende que los verdaderos involucrados no hayan venido”, dijo la presidenta de la Junta de vigilancia del Río Illapel, Marcela Jeneral.

“Tengo dolor, porque nuestras autoridades nos pasan a llevar. No consideran que sin la agricultura el país no funciona. Tenemos que mantenernos activos, tanto a nivel provincial como nacional, porque todo esto afecta a los regantes de Chile”, complementó Pilar Farías de la comunidad de Quelén Bajo.

Por último, el abogado Rodrigo Weisner, quien es el principal asesor de los regantes con respecto a esta reforma, explicó la traba que tiene dicha reforma, la cual pone en riesgo el sustento de más de 45 mil familias, a lo largo del país, que dependen de la agricultura.

“El problema es la precarización del derecho de propiedad, los agricultores tienen derecho de propiedad sobre los derechos de agua. Lo que se está haciendo es convertir este derecho en una concesión temporal, esto es una pérdida. Los derechos se heredan y las concesiones temporales no. Esto será un cambio cultural muy grande en nuestro país”, cerró el profesional.